CIUDAD DE MÉXICO – El Gobierno de México, a través de una postura conjunta entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su rechazo tajante al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED). El organismo internacional determinó este 2 de abril de 2026 remitir con urgencia el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU, bajo el argumento de que existen indicios fundados de que las desapariciones en el país podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Ante esta decisión, el Estado mexicano calificó el documento como "tendencioso" y "ajeno a la realidad actual", acusando al comité de omitir de manera deliberada los avances institucionales y presupuestales logrados en la materia durante los últimos siete años de gestión federal.
El centro del conflicto radica en la activación del artículo 34 de la Convención Internacional, una medida extrema que el CED utilizó al considerar que la magnitud y la impunidad —cercana al 98% según sus cifras— exigen una intervención de la comunidad internacional. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, señaló que, aunque no hay evidencia de una política federal deliberada para desaparecer personas, la persistencia de patrones de ataque contra la población civil y el hallazgo constante de fosas clandestinas justifican la alerta global.
Sin embargo, para la administración mexicana, esta interpretación es contradictoria, pues el propio comité reconoce la falta de una directriz gubernamental de exterminio, lo que a juicio de la SRE invalida la categoría de crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a las críticas, señalando que el informe carece de una perspectiva histórica adecuada. El organismo autónomo afirmó que el CED ha privilegiado las narrativas de organizaciones no gubernamentales, como el Centro Prodh, por encima de los esfuerzos oficiales de búsqueda e identificación forense. La CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado quedaron confinadas a los periodos de la "Guerra Sucia" (1951-1990) y la etapa más crítica de la "guerra contra el narcotráfico" (2006-2012).
Según la postura oficial, los casos actuales responden a dinámicas de criminalidad organizada que el Estado combate activamente mediante nuevas herramientas tecnológicas y marcos legales fortalecidos.
El Gobierno Federal enfatizó que el informe del CED ignora hitos recientes, como la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda y las reformas sustanciales a la ley aprobadas en julio de 2025. En un comunicado detallado, la Segob defendió la creación de la Plataforma Única de Identidad y la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses como pruebas de una "transformación estructural" que no fue debidamente ponderada por los expertos de la ONU.
Además, las autoridades mexicanas denunciaron posibles conflictos de interés dentro del comité, sugiriendo que algunos de sus miembros mantienen vínculos estrechos con agrupaciones que han impulsado litigios internacionales contra el país, lo que restaría imparcialidad a sus conclusiones.
Desde la sociedad civil, la respuesta ha sido de respaldo a las Naciones Unidas. Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) celebraron la decisión de llevar el tema ante la Asamblea General, considerándolo un espacio necesario para que la comunidad internacional coadyuve en la erradicación de esta crisis. Los colectivos de familiares de víctimas lamentaron la reacción del Estado, argumentando que el rechazo al informe solo profundiza la brecha entre las instituciones y quienes buscan a sus seres queridos. Para estos grupos, las cifras de más de 6,000 cadáveres hallados en fosas recientes son evidencia irrefutable de que la tragedia no ha sido contenida, independientemente de los cambios en la narrativa oficial.
Con este choque diplomático, la relación entre México y los mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU entra en una fase de tensión sin precedentes. Mientras el Ejecutivo mexicano reitera su compromiso con la verdad y la justicia, también deja claro que no aceptará "intervencionismos" basados en lecturas que considera parciales.
El caso ahora pasará a los foros de la Asamblea General en Nueva York, donde se espera un intenso debate sobre las obligaciones soberanas frente a la supervisión internacional. Por ahora, México mantiene su defensa en que la crisis es un desafío de seguridad heredado y en vías de resolución, rechazando cualquier estigma que catalogue su situación actual como un crimen sistemático de Estado.
