MADRID – El movimiento feminista en España ha entrado en el segundo trimestre de 2026 atravesando una de sus etapas más complejas y paradójicas. Mientras el país se consolida como un referente global en políticas de igualdad y presencia institucional, el movimiento enfrenta una fractura interna creciente y un fenómeno de desafección entre las capas más jóvenes de la sociedad. Según los datos más recientes publicados este 8 de marzo, las movilizaciones en las principales capitales volvieron a dividirse en dos bloques diferenciados, evidenciando que el consenso sobre temas como la abolición de la prostitución, la autodeterminación de género y la gestión de la gestación subrogada sigue siendo una asignatura pendiente para la cohesión del colectivo.
A nivel legislativo, España presenta avances que son seguidos de cerca por la Unión Europea. La entrada en vigor de la Ley de Paridad y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género han permitido que el número de mujeres ocupadas se mantenga en máximos históricos, superando los 10 millones de trabajadoras a inicios de este año.
La ministra de Igualdad ha destacado que la brecha salarial se sitúa actualmente en el 15,74%, el valor más bajo registrado desde 2008. Sin embargo, estas cifras de éxito macroeconómico contrastan con lo que los sindicatos denominan el "suelo pegajoso", una persistente dificultad para que las mujeres accedan a mandos intermedios y una sobrecarga en las tareas de cuidados que aún recae mayoritariamente en el ámbito doméstico femenino.
Uno de los puntos de mayor fricción en la agenda actual es el debate sobre la gestación subrogada. Mientras colectivos como la Fundación Mujeres, dirigidos por Marisa Soleto, exigen una aplicación estricta del Código Penal para quienes recurran a esta práctica fuera de España, otras asociaciones de familias defienden la protección de los menores nacidos mediante estas técnicas.
Este choque de visiones ha generado momentos de tensión en foros públicos y ha permeado el discurso político, donde el feminismo abolicionista se enfrenta al llamado feminismo liberal o interseccional. La polarización no solo divide a las activistas, sino que ha empezado a fatigar a una parte de la opinión pública que percibe estas discusiones como alejadas de sus necesidades cotidianas.
El dato más preocupante para el futuro del movimiento proviene del ámbito sociológico. Un informe reciente de la Fundación Fad Juventud revela que solo el 38% de los jóvenes españoles se declara feminista en 2026, una caída de doce puntos respecto al pico alcanzado en 2021. Casi la mitad de los encuestados percibe el feminismo no como una lucha por la igualdad, sino como una "herramienta de manipulación política". Este retroceso es especialmente visible entre los hombres de 15 a 19 años, quienes en redes sociales consumen discursos que vinculan el feminismo con una confrontación directa contra lo masculino, lo que ha encendido las alarmas en el sector educativo y en las instituciones encargadas de las políticas de juventud.
En el ámbito internacional, España ha reforzado su "Política Exterior Feminista", liderando iniciativas en la Eurocámara para erradicar la brecha de pensiones en toda la UE. Protagonistas como la vicepresidenta del Gobierno han insistido en que la igualdad de género es un eje transversal de la diplomacia española.
No obstante, esta proyección exterior se ve empañada por debates internos sobre el racismo y la islamofobia dentro del propio movimiento. Colectivos de mujeres racializadas han denunciado este año lo que consideran un "feminismo blanco" que no contempla las opresiones cruzadas, como se ha visto en las recientes disputas legales y sociales sobre el uso del hiyab en centros educativos y entornos laborales.
La violencia machista continúa siendo la herida más abierta de la sociedad española. A pesar de que más de 140 magistrados han denunciado el bloqueo en la especialización judicial prometida, el sistema VioGén sigue siendo la principal herramienta de protección para miles de mujeres. Los casos de violencia vicaria y la persistencia de feminicidios en lo que va de 2026 subrayan que las leyes, por sí solas, no bastan para cambiar una estructura cultural profundamente arraigada.
La sociedad civil exige una prevención más eficaz que llegue a los entornos rurales y a las mujeres mayores, quienes suelen ser las más invisibilizadas por las estadísticas oficiales y las campañas de comunicación digitales.
El feminismo español llega a mediados de 2026 en una encrucijada determinante. Por un lado, posee un poder institucional y una capacidad de transformación legal envidiables; por otro, debe gestionar una polarización interna que amenaza con fragmentar sus fuerzas y, sobre todo, encontrar un nuevo lenguaje que conecte con las generaciones digitales.
El reto para los próximos meses será demostrar que el feminismo sigue siendo un movimiento integrador y necesario, capaz de ofrecer soluciones a los problemas de precariedad laboral y seguridad, sin quedar atrapado en la batalla partidista que, según las encuestas, está alejando a los ciudadanos de una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XXI.
